Los informes oficiales del Gobierno sobre detenciones presentado al 31 de diciembre del 2022 reportaron un total 62 972 personas capturadas y puestas en prisión por órdenes de jueces especializados por, supuestamente, estar implicados en delitos de asociaciones ilícitas y pertenencia a pandillas, sin investigación previa y sin orden judicial de jueces y fiscales. Este mismo informe señala que actualmente se encuentran en detención provisional un total de 1082 adolescentes, 918 niños y 164 niñas, situación que hasta ahora no ha generado la intervención de ningún organismo nacional ni internacional ante las autoridades para verificar la situación de este segmento de población en las cárceles o centros de internamiento en todo el país.
Bajo la sombra del régimen de excepción continúan habiendo capturas de personas inocentes que a estas alturas del año 2023 pueden estimarse en más de 64 mil detenciones ilegales. Las cifras son alarmantes porque todos son enviados a detención provisional por periodos de uno a dos años, con el agravante de que podrían permanecer en esas condiciones hasta por cuatro años sin un juicio previo. El Estado, como garante de la seguridad nacional, tiene límites determinados por las leyes internas y el derecho internacional humanitario, no es absoluto. Cuando descarga su poder sin mediar las consecuencias en la vida de las personas es también responsable de resarcir los daños causados a sus víctimas.
En la oficina de Socorro Jurídico Humanitario hemos atendido y documentado más de 1400 denuncias de violaciones a derechos humanos de personas inocentes capturadas por agentes del Estado desde el inicio del régimen de excepción. Estas dan cuenta de cómo la inobservancia del deber autónomo de garantía de los derechos humanos, particularmente atribuidas a la Policía y el ejército, los convierte en los mayores victimarios. En los centros penitenciarios la situación empeora. La gravedad del hacinamiento carcelario, condiciones de higiene deplorables que favorecen la proliferación de enfermedades transmisibles, la falta de controles médicos permanentes y el impedimento de hacerles llegar los medicamentos enviados por sus familiares a quienes padecen enfermedades crónicas, son algunos de los factores que enfrentan los miles de personas que han sido capturadas injustamente y a las que el Gobierno llama «margen de error».
Margarita, una mujer a la que llamaré así por motivos de seguridad, es hermana de un joven capturado en el mes de mayo, y ha expresado que está siendo hostigada por agentes de la Policía Nacional Civil. Hasta octubre de 2022, su casa había sido registrada en 30 ocasiones, en donde, entre otras cosas, encontraron la copia de recibido de la solicitud de habeas corpus que ha pedido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Según su relato, los policías lo tomaron, lo rompieron, lo patearon con sus botas, y le dijeron «esto es una basura».
Un segundo caso que conocemos es el de Cordelia (también un anónimo), quien fue capturada en abril de 2022 de forma arbitraria e ilegal en su casa. Fue enviada a Cárcel de mujeres, en donde estuvo recluida por ocho meses. Sobre los maltratos de los que fue objeto durante su estancia en prisión, Cordelia cuenta que el subdirector del reclusorio se dirigía a ellas de manera revictimizante diciéndoles que nadie recibe alimentos si la familia no entrega los paquetes, y que nadie que salga hacia el hospital regresa al penal. Además, la tortura mental a quienes son madres es diario, les dicen que a sus hijos ya los mataron y que ellas no saldrán y cumplirán largas condenas. Esto es una flagrante violación al derecho a la dignidad de la persona humana, la vida y la igualdad.
Un tercer caso, y uno de los más destacables, es la captura de la familia Sandoval en Tacuba, Ahuachapán. Seis miembros de esa familia fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente y a partir de entonces 22 niños y niñas a expensas de familiares cercanos sufren las consecuencias de la mutilación familiar que el régimen del presidente Bukele ha implementado bajo premisas de carácter político represivo estatal.
Contener o eliminar la delincuencia organizada que ha azotado durísimo al país durante 30 años no puede ser resuelto con medidas excepcionales a corto plazo. Se requiere una reforma judicial a profundidad. El régimen de excepción, en cambio, ha generado una crisis social e institucional al parecer sin fondo. Los derechos humanos constituyen el núcleo central de la vida y, por lo tanto, garantizarlos para todos los ciudadanos y ciudadanas debe estar en la agenda permanente del presidente de la República.
Que los derechos fundamentales estén al arbitrio de un poder único es, además de peligroso, grave para los intereses sociales. Que la Presidencia sea la única instancia para resolver los problemas del país es peligroso para el desarrollo del libre pensamiento y manifestación del mismo. Además, profundiza la desigualdad social y crece la discriminación, la cual genera más pobreza. Mientras tanto, se gastan cientos de miles de dólares en publicidad oficial, mientras la niñez padece grandes necesidades, especialmente los huérfanos de padre y madre que guardan prisión por delitos que nunca cometieron. Estos hechos son evidencia de la cara oculta de un régimen presidencial y, por supuesto, del Estado en su conjunto, que bajo la sombra del régimen de excepción violenta, tortura, mata y desaparece, dejando una estela de daños irreparables que difícilmente se podrán recuperar a mediano y largo plazo. Fuente: El Faro