Los acusados son el ex general José Guillermo García, el ex coronel Francisco Morán y el coronel Mario Adalberto Reyes.
La Cámara Penal de Santa Tecla, en El Salvador, declaró este viernes nula la apelación interpuesta por la defensa de los militares presuntamente responsables del asesinato de cuatro periodistas de Países Bajos en 1982.
Según medios locales, los magistrados Rigoberto Chicas y Cruz Antonio Pérez ratificaron la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, contra el ex general José Guillermo García y el ex coronel Francisco Morán, quienes deberán permanecer en prisión.
García era el ministro de Defensa y Morán el director de la Policía de Hacienda en la época en que fue cometido el crimen contra los cuatro reporteros nerladenses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen.
Las cuatro víctimas fueron masacradas el 17 de marzo de 1982, en una emboscada perpetrada por una patrulla del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal, en Santa Rita, Chalatenango.
Los reporteros realizaban una cobertura periodística del conflicto salvadoreño y aquel día se trasladaban a una zona controlada por el FMLN cuando fueron sorprendidos y ultimados, informaron organizaciones de derechos humanos en un comunicado de prensa.
Las órdenes de captura cumplidas el 14 de octubre pasado fueron expedidas contra el ex general José Guillermo García, el ex coronel Francisco Morán y el coronel Mario Adalberto Reyes, ex comandante de la 4ta brigada de Infantería, quien deberá ser extraditado desde los Estados Unidos para ser juzgado.
La decisión judicial también incluye al general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y al sargento Mario Canizales, quien dirigía la patrulla de 25 efectivos del Batallón Atonal que perpetró la masacre, pero estos dos últimos ya fallecieron.
El documento recalcó que la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, representantes de las familias de las víctimas en el proceso, informaron de la decisión a la Embajada del Reino de los Países Bajos en Centroamérica.
La Cámara Penal de Santa Tecla, en El Salvador, declaró este viernes nula la apelación interpuesta por la defensa de los militares presuntamente responsables del asesinato de cuatro periodistas de Países Bajos en 1982.
Según medios locales, los magistrados Rigoberto Chicas y Cruz Antonio Pérez ratificaron la resolución del Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, contra el ex general José Guillermo García y el ex coronel Francisco Morán, quienes deberán permanecer en prisión.
García era el ministro de Defensa y Morán el director de la Policía de Hacienda en la época en que fue cometido el crimen contra los cuatro reporteros nerladenses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Hohannes Jan Wilemsen.
Las cuatro víctimas fueron masacradas el 17 de marzo de 1982, en una emboscada perpetrada por una patrulla del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal, en Santa Rita, Chalatenango.
Los reporteros realizaban una cobertura periodística del conflicto salvadoreño y aquel día se trasladaban a una zona controlada por el FMLN cuando fueron sorprendidos y ultimados, informaron organizaciones de derechos humanos en un comunicado de prensa.
Las órdenes de captura cumplidas el 14 de octubre pasado fueron expedidas contra el ex general José Guillermo García, el ex coronel Francisco Morán y el coronel Mario Adalberto Reyes, ex comandante de la 4ta brigada de Infantería, quien deberá ser extraditado desde los Estados Unidos para ser juzgado.
La decisión judicial también incluye al general Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada y al sargento Mario Canizales, quien dirigía la patrulla de 25 efectivos del Batallón Atonal que perpetró la masacre, pero estos dos últimos ya fallecieron.
El documento recalcó que la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) y la Fundación Comunicándonos, representantes de las familias de las víctimas en el proceso, informaron de la decisión a la Embajada del Reino de los Países Bajos en Centroamérica.