La historia del breve y accidentado encuentro entre el relator de
la ONU, Michel Forst, con un representante de las empresas vinculadas
al Sodalicio de Vida Cristiana. Por Álvaro Meneses /
Resumen Latinoamericano 13 de febrero de 2020.
Bajo el sol que calienta los arenosos
bosques secos del distrito de Catacaos, en Piura, una comitiva de las
Naciones Unidas, encabezada por el relator especial sobre la
situación de los defensores de los
derechos humanos, Michel Forst,
hizo un recorrido para conocer la realidad de la comunidad campesina
San Juan Bautista que denuncia haber sido despojada de casi 10 mil
hectáreas de sus tierras por empresas vinculadas al Sodalicio de
Vida Cristiana.
Michel Forst, junto a su equipo y una
traductora, se dirigieron el pasado viernes 24 de enero a la
comunidad, específicamente a la choza de Lidia Maza Flores, una
comunera que sobrevive en una franja de tierra de pocos metros,
acorralada por los cercos y guardias de las empresas Agrícola Santa
Regina y DEFRU SAC; ambas relacionadas a Inversiones San José,
compañía dirigida por sodálites.
Antes de llegar a la casa de Lidia, el
representante de la ONU se topó con una tranquera que anunciaba los
bosques secos como propiedad privada. A los minutos, un abogado que
se identificó como Luis Antonio Carrillo Aliaga, se presentó como
representante de la empresa Santa Regina. Esta compañía recibió el
2.078% de 818 hectáreas de tierras y 1 millón 535 mil 180 soles de
Inversiones San José; mientras que DEFRU SAC recibió 1,895.40
hectáreas de esa misma empresa, luego de aceptar su participación
en la administración y economía de la compañia.
Carrillo se acercó a Forst, rechazando
los servicios de la traductora que acompañaba la comitiva de la ONU,
y empezó a contarle a Michel Forst su versión del
conflicto. “(…) El problema es que nosotros tenemos los títulos
de estas tierras, somos los dueños, y no sé si ellos se sienten
envalentonados por su presencia (…) han llamado a su gente para
invadir nuestra propiedad. Estoy realmente consternado”, dijo
Carrillo en inglés.
En un tono de aparente preocupación, y
con papeles en mano, Carrillo continuó: “Soy de aquí, de Piura, y
el problema es que ellos (los comuneros) dicen que son los verdaderos
dueños, pero nosotros tenemos los títulos de propiedad. El problema
es que ellos creen que pueden cometer muchos delitos, y por eso
nosotros traemos estos documentos de estas tierras, del Poder
Judicial del Perú”.
Lo que el abogado de Agrícola Santa
Regina tenía en sus manos era una sentencia del Juzgado Civil
Transitorio de Catacaos del 10 de junio de 2019 donde declara fundada
la demanda presentada por la Asociación Civil San Juan Bautista, y
que luego continuó la empresa Agrícola Santa Regina, contra 10
comuneros de Catacaos por el presunto delito de desalojo por
ocupación precaria. Sin embargo, el abogado olvidó agregar que esa
sentencia fue apelada por los comuneros.
Sin perder el mismo tono de voz, el
abogado le advertía al representante de la ONU que, mientras tenían
esa conversación, entre 50 y 100 comuneros estarían cruzando los
cercos de las empresas para entrar a las tierras y la policía podría
estar interviniéndolos. “Por la invitación que han hecho, los
señores acaban de cometer un delito y han sido grabados por la
policía. Pasar cercos que no permiten el acceso a la propiedad
privada”, dijo Carrillo.
Tras varios minutos abordando al
relator de la ONU, el abogado de Inversiones Santa Regina finalizó:
“Ustedes van a tener una reunión en nuestras tierras. Y nosotros
vamos a escoltarlos. ¿Nosotros podemos participar?”.
Luego de un silencio incómodo, Michel
Forst respondió breve y claro: “La reunión programada para hoy es
únicamente con los comuneros”.
¿Quién es Carrillo?
Wayka pudo conocer, según testimonios
de los comuneros de la zona, que Luis Carrillo también fue abogado
de la Constructora Miraflores Perú, compañía cuyo domicilio fiscal
es el mismo que las empresas Inmobiliaria Miraflores Perú, Agrícola
Santa Regina e Inversiones San José, esta última dirigida antiguos
sodálites. Todas ellas, además de estar relacionadas entre sí,
están ubicadas en la Calle 28 N°150 de la urbanización Monterrico
de San Borja, a la espalda de la sede central del Sodalicio.
Constructora Miraflores, por su lado,
recibió 40.4271 hectáreas de tierras presuntamente apropiadas de
manera irregular y que, según los comuneros de la zona, le
pertenecían a la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos.
Este portal reveló en una
investigación anterior que en 1998, una supuesta asamblea decidió
independizar 9 mil 985.25 hectáreas de la comunidad campesina a
favor de 100 comuneros, de los cuales varios desconocían el hecho o
ya habían fallecido. En los años siguientes, las tierras fueron
divididas y transferidas hacia una red de empresas que terminaron por
venderlas a las compañías vinculadas al Sodalicio mencionadas en
este reportaje.
Historias de injusticia
En medio de las tierras cercadas, la
comunera Lidia Maza Flores, acompañada de una treintena de
campesinos que dejaron de vivir en esos bosques tras ser desalojados,
recibió a la comitiva de la ONU dirigida por el relator Michel
Forst. Lidia, junto a otros nueve comuneros, fue denunciada a
mediados del año pasado por la Asociación Civil San Juan Bautista
(ACSJB), vinculada al Sodalicio, por el supuesto delito de desalojo.
Frente al relator especial de defensores de los derechos humanos de
la ONU, Lidia Maza recordó: “No hay una solución en el Poder
Judicial. La empresa cada día va avance y avance, y cada día nos va
recortando más, no hay espacio para el ganado (…) La empresa nos
ha tratado de amedrentarnos a balazos, algunos comuneros han sido
desalojados a punta de balazos, nosotros no nos dejamos, seguimos
luchando, queremos una respuesta del juez”, denunció.
El pequeño pedazo de tierra de Lidia
Maza fue escenario en 2018 de una constatación judicial que buscaba
comprobar la antigüedad de la posesión de la comunera sobre esas
tierras en base a la profundidad de las capas de abono que habían
dejado sus animales.
En medio de la inspección dirigida por
la jueza Iris Suárez Lozada, y acompañada por periodistas y
campesinos de la zona, cerca de 7 sujetos con las caras cubiertas, e
identificados por los comuneros como trabajadores de las empresas
vinculadas al Sodalicio, se acercaron. En un inicio, la magistrada
Suárez los exhortó a identificarse, y tras no obtener respuestas de
ellos, pidió que se retiren.
Al terminar la actividad, los mismos
sujetos volvieron armados en cuatrimotos e interceptaron al grupo de
periodistas presentes para quitarles sus cámaras y grabadoras bajo
amenazas. Entre forcejeos, se oyeron disparos que terminaron en el
cuerpo del comunero Mariano Vílchez, atravesándole los testículos
de izquierda a derecha.
Dicho episodio fue narrado al relator
de la ONU, Michel Forst, que consternado intentaba tomar nota de los
detalles. Tras una pausa, Forst se dirigó a los comuneros. «Yo he
recibido el mandato de la ONU para viajar a diferentes países y
visitar a comunidades campesinas como las de ustedes y poder saber de
la situación por la que atraviesan (…) mi equipo y yo decidimos
visitar las diferentes regiones, para así poder entender las
amenazas que enfrentan los defensores de derechos humanos. Hemos
tomado nota de los testimonios que serán insumos del informe que
vamos a elaborar», les dijo. Fuente: Waykape